Antes, en épocas previas a la neolengua, al edificio que los albergaba se le llamaba ‘Juzgados’. Ahora, contra toda evidencia, se le llama ‘Ciudad de la Justicia’, aunque como en el caso de Málaga la pretendida ‘ciudad’ sea solo un edificio junto a un Carrefour y en medio de un barrio de pisos de clase media.
Esta construcción tan inflacionaria pertenece a la Junta de Andalucía y tiene en sus sótanos ciento sesenta y seis cotizadas plazas de aparcamiento. La Junta dice, con sorprendente buen criterio, que las plazas son para los funcionarios o jueces por orden de llegada. Los jueces, sin embargo, dicen que son para ellos (supongo que porque son jueces o porque se saben poco madrugadores). La Guardia Civil, que custodia el acceso, debe registrar los coches que entran por motivos de seguridad, pero los jueces se niegan a que nadie les mire el coche. Una jueza incluso ha procesado al guardia civil que osó impedirle el paso porque el aparcamiento ya estaba lleno.
Esto podía ser un enfado de parvularios en el patio del colegio. Pero debe ser algo muy importante para que los jueces no tengan cosas más importantes que hacer que escalar estas insufribles humillaciones de la Junta hasta el decano provincial y el Consejo General del Poder Judicial. Éste, finalmente, le ha dado la razón a la Junta y se la ha quitado al decano. Los jueces, por hacer algo con su tiempo y con el dinero ajeno, por supuesto, van a recurrir.
Moraleja: cuando pongan el intermitente para aparcar, dense prisa, no vaya a venir un tipo vestido de Quevedo y les quite el sitio. Y ¡ay si le dicen algo!
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